La Coalición por la Justicia y la Seguridad inició ayer un movimiento nacional para una reforma judicial, y para que no haya una “repartición” de los puestos en las altas cortes y las instituciones del Estado, entre los partidos políticos y la propia sociedad civil.
La iniciativa de 18 organizaciones de la sociedad civil surgió para recoger iniciativas e inquietudes de los sectores del país para plantearla en la Cumbre de la Justicia.
Las organizaciones realizarán cuatro foros antes de a esa cumbre para fortalecer la institucionalidad del país.
En la exposición central, la politóloga Rosario Espinal lamentó que la oposición política esté desarticulada y resaltó que la iniciativa de las organizaciones políticas es importante para lograr presión social, y que el gobierno los escuche si quiere lograr legitimidad.
La dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Milagros Ortiz Bosch, señaló que los grupos sociales pueden contar con ese partido “sin radicalismos y con inteligencia”.
El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún, planteó que se elimine del Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República, ya que con eso el partido gobernante buscó tener mayoría.
El presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, propuso la despolitización de la justicia como primer paso para sanearla, y afirmó que el primero que debe atender los reclamos es el gobierno, ya que sin credibilidad no hay legitimidad.
El vicepresidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Luis Miguel De Camps, resaltó que la sociedad civil no debe poner a todos los partidos “en el mismo saco”, mientras excluyen a las organizaciones políticas queriendo su eliminación.
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