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Un juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago aplazó para este viernes ocho a las 9:00 am el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, imputado por el asesinato de la abogada puertoplateña Paola Languasco Jiménez, ocurrido en abril del 2015.

La audiencia fue aplazada acogiendo la solicitud del abogado de Nepomuceno Rodríguez, quien solicitó el tiempo necesario para estudiar el expediente acusatorio de su cliente.

El imputado está detenido en la carcelita del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, de esta ciudad, desde la noche del lunes tras su extradición al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (Aila) en un vuelo procedente de España, luego de que quedaran extinguidas las responsabilidades penales que tenía pendientes en esa nación europea.

Contra el extraditado el Ministerio Público local solicitará la imposición de medida de coerción consistente en prisión preventiva de un año y que sea enviado a una cárcel de máxima seguridad. También pedirá que el caso sea declarado complejo.

La familia de la abogada asesinada expresó su satisfacción por los esfuerzos realizados por las autoridades judiciales nacionales para que Ambiorix Nepomuceno fuera traído de regreso al país, para que responda ante la justicia por el hecho que se le imputa.

Sin embargo, Leopoldo Languasco, padre de la víctima, solicitó a las autoridades investigar a los fiscales y a los agentes policiales que dejaron en libertad a Nepomuceno cuando escapó a España.

Asimismo, alertó a las autoridades porque Ambiorix Nepomuceno estaría, según dijo, ofreciendo una alta suma de dinero a Cristino Antonio Mármol (Franklin) y Lariel Alejandro Pichardo Marte, condenados a 20 años de prisión tras ser encontrados culpables de ocultar el cuerpo de la profesional del derecho, para que se hagan responsables del asesinato de Paola.

El crimen de Paola Languasco conmovió a toda la sociedad dominicana, que desde el 6 de abril del 2015 cuando fue reportada desaparecida, se mantuvo en vilo hasta que se dio a conocer la noticia de su asesinato el 24 de ese mismo mes.

El cuerpo de la abogada Languasco Jiménez, quien residía en Puerto Plata, fue hallado el 24 de abril del año 2015 con varios disparos de arma de fuego envuelto en una funda plástica en una alcantarilla en las proximidades de la urbanización Jardines del Norte, de este municipio, casi 20 días después de que sus familiares denunciaran su desaparición.

Además del horrendo crimen de Paola Languasco, Nepomuceno Rodríguez tiene un proceso de homicidio pendiente en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde es señalado como el responsable de haber matado a Fausto Rivera Bobonagua.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión domiciliaria para un colombiano y garantía económicas contra otros cuatro, tres de ellos de 65, 70 y 81 años de edad, quienes están acusados de trata de personas con fines de someter a trabajo forzoso a venezolanos residentes en República Dominicano, a través de la empresa de venta de enciclopedias Ediciones Sistesam S.R.L, la cual fue clausurada provisionalmente por las autoridades.

A los ciudadanos colombianos Alejandro Gacham Ilal, de 60 años, Rosemary Pion Taylor, de 65, Milagros de Jesús Torrenegra, de 50; Mary Cecilia Miguel, de 70, y Camilo Miguel, de 81, se les atribuye formar una red criminal que, según han establecido las investigaciones, operaba desde 1998 en el país.

En el caso de Alejandro Gacham Ilal, el tribunal le impuso la colocación de grilletes electrónicos, el pago de una garantía económica de RD$100 mil en efectivo, presentación periódica ante el Ministerio Público, impedimento de salida del país con retención de su pasaporte y colocación de un brazalete electrónico, en tanto que contra Rosemary Pion Taylor, de 65 años de edad, y Milagros de Jesús Torrenegra, de 50 años, una garantía económica en efectivo de RD$200 mil, impedimento de salida del país con retención de su pasaporte y presentación periódica.

Igualmente, les fueron impuestas medidas de coerción a Mary Cecilia Miguel, de 70 años de edad, consistente en una garantía económica de RD$200 mil en efectivo, arresto domiciliario e igualmente impedimento de salida del país con retención de su pasaporte, así como al colombiano estadounidense Camilo Miguel, de 81 años, al cual tomando en cuenta su edad, el tribunal le impuso una garantía económica de RD$20 mil en efectivo y presentación periódica.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que le atribuye al grupo dedicarse a la trata de personas agravada con fines de trabajo forzado, delito tipificado y sancionado por las disposiciones establecidas en los artículos 3 y 7 literales c y d de la Ley No. 137-03 que sanciona el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.

Detalló que por este caso también es perseguido Juan Carlos Adán, quien se presume forma parte de la red que fue desmantelada luego de una labor de inteligencia, durante una operación ejecutada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas conjuntamente con la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y con la colaboración del Departamento Contra el Tráfico y Trata de Personas de la Policía Nacional.

Sobre la operación, el MP explicó que fue ejecutada en el transcurso de cuatro allanamientos mediante orden judicial, tres de ellos en el Distrito Nacional y uno en la provincia Valverde, durante los cuales fueron rescatadas seis víctimas y ocupadas cientos de evidencias, entre ellas, varios vehículos, documentos, lista con anotaciones, lista de jóvenes y descripción de ventas de enciclopedias y lugares (provincias) donde eran desplazadas las víctimas, además de dinero (bolívares) y otros.

La acusación del Ministerio Público establece en la solicitud de medidas de coerción que producto de las investigaciones realizadas en contra de esa red criminal se pudo determinar que su metodología abarca la captación y el traslado a la República Dominicana de ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes, luego de que llegaban al país eran llevados a las oficinas de la Empresa Ediciones Sistesam S.R.L, localizada en el sector Renacimiento del Distrito Nacional, la cual se dedica a la venta de enciclopedias en todo el territorio nacional.

De acuerdo a la investigación, una vez en dicha empresa les retenían sus pasaportes bajo el argumento de que serían enviados a la Dirección General de Migración para regularizar sus estatus, mientras que a otras les informaban que por seguridad iban a ser retenidos sus pasaportes y les entregaban copias de los mismos.

Luego les hacían firmar una hoja en blanco a cada víctima captada, al tiempo de entregarles insumos de trabajo (las enciclopedias, talonarios de facturas, carpetas y brochures), así como carnets de identificación, además de que les daban una charla que tenían que aprenderse con el fin de convencer a los potenciales clientes sobre la importancia de la compra de las enciclopedias.

La instancia destaca que posteriormente las víctimas eran trasladadas a provincias del interior del país, donde realizaban las ventas de los libros, casa por casa, labor por las que les prometían pagarles, sin embargo, no les hacían ningún pago por el trabajo realizado, argumentando que lo harían al culminar su tiempo de trabajo, lo que finalmente no se cumplía.

Las víctimas recibían luego presión psicológica y las obligaban a firmar un documento de descargo para posteriormente proceder a entregarles sus pasaportes originales.