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El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años de prisión al joven de origen dominicano Gaspar L.A. por el clonado en 2009 de tarjetas de clientes en la gasolinera 'Feroslu' de Laguna de Duero (Valladolid) que luego utilizó para realizar distintas compras con cargo a las cuentas de los legítimos propietarios.
En su sentencia, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal desestima el recurso de casación del condenado, al que considera autor de un delito de falsificación de tarjetas de crédito, en calidad de inductor, en concurso medial con otro de estafa, con la atenuante de dilaciones indebidas, y confirma la condena de tres años, en consonancia con la petición del fiscal y frente a los cinco y siete años que habían solicitado Servired y BBVA, respectivamente, según informaron a Europa Press fuentes del Supremo.
La condena establecía la obligación del condenado de indemnizar a las entidades perjudicadas.
La defensa había pedido la absolución y, alternativamente, una pena mínima de un año, un mes y quince días de cárcel por delito de falsificación de documento mercantil por las compras que Gaspar L.A. pudo haber efectuado con tarjetas de terceras personas en el supermercado Makro para adquirir bebidas por valor superior a los 700 euros.
Durante el juicio, una empleada del referido establecimiento, sito en la calle Fernández Ladreda, reconoció a Gaspar como la persona que el 7 de abril de 2009 utilizó una tarjeta para pagar el importante pedido de bebidas que se llevó del 'súper'.
En el juicio, el procesado se declaró inocente de los cargos que se le imputan, a pesar de que quien por aquellas fechas trabajaba en la gasolinera, el también dominicano Elpidio Antonio M.A, ya condenado por los mismos hechos en 2015 a dos años de cárcel, reconociera a Gaspar como la persona que inicialmente le propuso grabar las bandas magnéticas de las tarjetas de la clientela para luego clonarlas y usarlas para realizar compras.
El 'gasolinero' precisó que se opuso a esa primera solicitud pero que a posteriori no pudo seguir resistiéndose cuando el 'negocio' volvió a planteárselo un conocido 'narco' de su país, un tal Eleuterio Guantes, que incluso amenazó a su familia, residente en Santo Domingo.
Un tercer implicado en el clonado y uso fraudulento de los plásticos, Gilberto A. la R, compatriota de los dos anteriores, también fue condenado a dos años de prisión tras reconocerse en 2015 autor de los hechos.

El abogado que defiende a la dominicana Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable en España por asesinar a un niño en 2018, ha presentado un recurso de apelación para repetir el juicio.
El letrado Esteban Hernández Thiel reclama que, en caso de celebrarse un nuevo juicio oral, Quezada sea juzgada por jueces, no por un jurado popular como el que la declaró culpable el pasado mes de septiembre de un delito de asesinato, dos de lesiones psíquicas y otros dos contra la integridad moral.
Un tribunal provincial de Almería (sureste) la condenó por esos delitos a prisión permanente revisable, la pena más elevada que se aplica en España y por vez primera a una mujer, por asesinato con alevosía y la agravante de parentesco.
El caso conmocionó a toda España porque el niño, llamado Gabriel Cruz, estuvo desaparecido varios días y Quezada participó en la búsqueda a pesar de que ya lo había matado y escondido el cadáver.
Asimismo, fue condenada a pagar indemnizaciones por daños morales a los padres del menor en la cantidad de 250.000 euros (unos 275.000 dólares) a cada uno de ellos; el padre era entonces pareja de la mujer condenada.
El recurso de la defensa, conocido este miércoles, se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de la región de Andalucía (TSJA)
'Si la intención de ésta hubiese sido acabar con la vida del menor (...) habría actuado de otra manera que, más certeramente, hubiese podido causar la muerte, y también ocultar el cuerpo de manera más segura', incide.
El letrado rechaza que hubiese alevosía y, menos aún, la de tipo 'sorpresiva' que recoge la sentencia, porque 'de estar el niño en una situación de desvalimiento y vulnerabilidad, el resultado hubiese sido el mismo si lo ataca de manera sorpresiva como si el niño prevé el ataque e intenta repelerlo'.
Asegura el abogado que 'no siendo inmune nadie - ni jurados ni jueces profesionales - a la desmedida presión mediática y lo triste del asunto a juzgar, la presidenta del tribunal (...) no pudo evitar incurrir en parcialidad a la hora de dar instrucciones al jurado'.

MKRdezign

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