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El Ministerio Público no pudo concluir de refutar las solicitudes que hicieron los seis imputados de los sobornos de Odebrecht al Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por lo que los jueces le dieron chance para que el 3 de diciembre puedan hacer sus conclusiones.
Durante la audiencia de este miércoles, el Ministerio Público, representado por el fiscal Wilson Camacho, refutó el planteamiento de que es inconstitucional la jurisdicción privilegiada, también establecieron que no es cierto que las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sea vinculante a los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Según el Ministerio Público, no es cierto que la Suprema Corte de Justicia pueda manejar la convencionalidad por medio del control difuso, sino que solo el Tribunal Constitucional puede hacerlo. Se recuerda que por medio de este incidente, algunos de los imputados pretenden que la Sala Penal de la Corte conozca el proceso judicial para así tener garantizado el derecho a la apelación ante el Pleno.
En la audiencia de este miércoles también respondieron el tema de la exclusión de las delaciones, consideraron que esa pretensiones deben ser rechazadas de plano por los jueces del Alto Tribunal.
El fiscal Wilson Camacho dijo que van a demostrar “que ellos (defensa) están faltando a la verdad”.
El martes 3 de diciembre cuando se retomen las audiencias, el Ministerio Público terminará con las refutaciones a los pedimentos de Conrado Pittaluga y Ángel Rondón. Luego el Pleno le otorgarán 20 minutos a cada imputado para realizar una réplica.
Los acusados
Los seis imputados por el caso Odebrecht y los cargos de los que se les acusa son: Tommy Galán, senador desde 2006 por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Es acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht en el país, es acusado de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos.
A Andrés Bautista se le señala como la persona que tenía estrechas relaciones con Rondón, facilitar la red de sobornos a favor de Odebrecht y movilizar millonarias sumas de dinero en cuentas no declaradas, “detentando hoy un multimillonario patrimonio que sencillamente no puede justificar”. Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, y Roberto Rodríguez, son los otros acusados.

Ahora le toca el turno a los fiscales para dar argumentos a los jueces de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de las razones por las cuales se debe celebrar el juicio contra las seis personas acusadas de recibir sobornos de Odebrecht en República Dominicana.
Los representantes del Ministerio Público tienen solo hoy y mañana para dar respuesta a todo lo planteado por los abogados de Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón Rijo, Andrés Bautista García, Conrado Pitalluga Arzeno, Juan Roberto Rodríguez y Tommy Galán Grullón.
En nuestra transmisión en vivo les recordamos qué dijeron y pidieron los abogados.

Los abogados del exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa), Juan Roberto Rodríguez, explicaron a ayer que por un tema de dignidad humana han solicitado que el imputado por los sobornos de Odebrecht permanezca en la jurisdicción privilegiada en caso de que los otros expedientes sean declinados al Distrito Nacional.
El ser juzgado por un juez competente es una garantía de derecho fundamental ¿pueden una persona renunciar a eso?
Sobre este punto conversaremos hoy en el En vivo del caso Odebrecht

El senador Tommy Galán concluyó este miércoles con la presentación de sus incidentes ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a cuyos jueces pidió acoger la solicitud de los demás imputados de declinar su caso a los tribunales ordinarios.
Al tomar la palabra, el senador dijo que no le importa quedarse sólo durante el proceso que conoce la Suprema porque no tiene miedo a la acusación, ya que a su consideración, la acusación del Ministerio Público no es más que “una hipótesis sin ningún fundamento” que le ha costado dos años y medio, además de mantener todos sus fondos congelados.
El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por San Cristóbal criticó “la devastadora campaña mediática y bombardeos de notas de prensa” que distribuyó la Procuraduría para, supuestamente, lograr acabar con su honor y conseguir una “condena mediática”.
Sin embargo, también consideró que a pesar del “daño” que le ha hecho el Ministerio Público, la gente todavía cree en su “honor y dignidad”.
“El honor y la dignidad fue lo que me llevó a participar en las primarias... ¿un político que no haya construido tejido social, que no tenga arraigo social donde representa a su comunidad puede alcanzar una votación por encima del 50% en este proceso de primarias?”, expresó Galán en el tribunal.
Ahora le toca el turno a Conrado Pittaluga para realizar sus incidentes. El pleno informó que tendrán dos días para concluir.

Thiaggo Marrero Peralta, Emery Rodríguez y Conrad Pittaluga. Antes de que iniciaran las audiencias del juicio de los sobornos de Odebrecht, sus nombres no eran tan conocidos por la opinión pública. Sin embargo, iniciada esa fase, han trascendido como los tres abogados más jóvenes litigando en el controversial caso de corrupción que se ventila en la Suprema Corte de Justicia.
Cada uno tiene un fin común; desmontar la acusación que el Ministerio Público ha instrumentado en contra de sus defendidos, y aunque alguno ha sido criticado por asumir la defensa de los encartados en el caso, su visión es clara: “los abogados defienden derechos”.
De manera particular, también quieren dejar una estampa en la historia de este proceso.
Emery Rodríguez quiere desmontar el mito de que el derecho penal es un asunto de hombres. Thiaggo Marrero Peralta quiere que la gente entienda que todo el mundo tiene derecho a ser defendido, mientras que Conrad Pittaluga pretende limpiar el honor de su padre y con ello, el de toda su familia.
Thiaggo Marrero Peralta, actualmente, es uno de los miembros del consejo de abogados que defiende a Andrés Bautista en el caso Odebrecht, cuestión que en un principio le generó algunas recriminaciones de grupos con ideología anticorrupción con los que se vinculaba.
“Mis compañeros de ese entorno y gente ligada a mí, no entendían cómo alguien que había tenido un discurso contra la corrupción, al mismo tiempo, podría asumir el caso de una persona que estaba siendo acusada de corrupción”, revela el joven abogado a Diario Libre.
Sin embargo, explica que eso se debe a que mucha gente no entiende cuál es el oficio de un abogado: “aunque mucha gente no entienda este oficio, mal sería que los abogados no defendieran a quienes la gente considera culpable, porque entonces daría lugar a que cualquiera de nosotros pudiéramos, en algún momento, ser sujeto de arbitrariedades y que nadie nos quiera defender”.
Dice que defender derechos “esa es la única manera que nos garantiza a todos nosotros vivir en una democracia y en un Estado de derecho que, por lo menos, respete mínimamente la dignidad de las personas”.
Marrero Peralta está convencido de que va del lado correcto de la historia, pues cree que a Andrés Bautista lo vincularon en el caso por un asunto político.
“En este caso particular, estoy convencido de la causa de Andrés Bautista, estoy convencido de que ha sido sometido por un tema político, no porque el Ministerio Público haya hecho una investigación objetiva, como le ordena la ley. Estoy convencido del lado correcto de la historia”, considera.
Marrero Peralta tiene 29 años. Es licenciado en derecho de la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo (PUCMM) desde 2011, y tiene maestrías en derecho empresarial y derecho público, ambas realizadas de universidades de España.
Una tía llamada Soraya Peralta, quien es abogada, fue su mayor impulso para estudiar esa carrera. Es nacido en la capital, pero gran parte de su niñez la vivió en Villa Altagracia.
Emery Rodríguez forma parte de la barra de defensa del imputado Ángel Rondón. Es la única mujer que litiga en el caso Odebrecht y está convencida de que el trabajo que realiza está a la altura de los demás abogados, aunque reconoce que quienes “somos litigantes mujeres, lidiamos con situaciones un poco más difícil para que pueda ser reconocido nuestro trabajo”.
La abogada agradece el hecho de estar en una barra de abogados en donde todos les han dado la oportunidad “primero porque saben que soy competente, no necesariamente por escudarme en eso de que soy mujer y hay que darme la oportunidad, no. Yo soy mujer, estoy en una barra y estoy en la misma capacidad intelectual de poder llevar ese proceso como cualquier hombre”.
Ser abogada del principal acusado en el caso de sobornos de Odebrecht no le ha generado ninguna animadversión en su entorno profesional, familiar o con sus amistades.
“Mi entorno está feliz. Porque saben que tengo capacidad de llevar un expediente como ese. No me ha generado ningún rechazo ni de mi familia ni de mis amigos. Pero sabes por qué, porque nunca he llevado mi vida personal a mi ejercicio. Y porque creo que todo el mundo se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario”, refiere la abogada.
Emery Rodríguez nació en San Juan de la Maguana, aunque siendo muy pequeña sus padres se mudaron a Santiago de los Caballeros, ciudad en donde creció y se formó. Se graduó en derecho en 2005 en la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa). Tiene especialidad en derecho constitucional, derecho procesal penal y administrativo.
La motivó a estudiar derecho un abogado de nombre Emerson Soriano, el padre de unos vecinos amigos. Con frecuencia Soriano le pedía tanto a ella como a sus hijos que lo ayudaran a redactar documentos legales a máquina y allí es cuando Rodríguez fue conociendo de asuntos ligados a las leyes.
Fue defensora pública por casi tres años y en la actualidad, además de litigar en los tribunales, tiene su propio bufete de abogados y colabora con el Tribunal Constitucional enseñando la Constitución en las escuelas públicas.
Conrad Pittaluga es un joven de 31 años que siguió los pasos de su padre Conrado Pittaluga y se convirtió en abogado. En su familia el estudio del derecho es una tradición que ha pasado de generación en generación, tanto así que una de las calles que rodea la Corte de Apelación del Distrito Nacional lleva el nombre de uno de sus bisabuelos maternos; Horacio Vicioso.
A su edad, le ha tocado el caso más importante de su vida, defender a su padre de la acusación por corrupción que le hace el Ministerio Público en el caso Odebrecht.
“En este caso para mí, en este caso no está solo el honor de mi padre, sino de toda mi familia y debo de destacar que mi padre ha sido injustamente encartado en este proceso. Eso no lo digo desde el punto de vista emocional, lo digo desde el punto de vista como técnico del derecho. Porque el estudio pormenorizado del expediente así lo revela”, comenta Conrad Pittaluga.
No ha tenido ningún señalamiento por estar en el caso. Asegura que tampoco ha tenido que darles ninguna explicación a sus amigos, porque ellos entienden su posición y creen en la inocencia de su padre.
Conrad Pittaluga se graduó Magna Cum Laude de derecho en 2010 en la Universidad Iberoamericana (Unibe), pero en ese tiempo ya tenía cuatro años trabajando como paralegal en la oficina de su padre. Tiene maestría en derecho privado de una universidad de Francia.

La etapa preparatoria del caso Odebrecht avanza en la Suprema Corte de Justicia. De los seis imputados por los sobornos, solo faltan Tommy Galán y Conrado Pittaluga por presentar sus incidentes y luego dar paso a que el Ministerio Público se refiera a cada uno de los planteamientos que hicieron los abogados.
Algunas de las partes consideran que en las próximas dos o tres semanas, el resto de los imputados así como el Ministerio Público pudieran terminar y dejar a que los jueces del Pleno de la Suprema Corte decidan si acoge o rechazan los incidentes y excepciones presentadas en la etapa preparatoria, y continuar con el conocimiento del fondo de los hechos.
El pasado jueves el imputado Roberto Rodríguez agotó su parte de los incidentes pidiendo a la alta corte que su suerte se terminara de decidir en la jurisdicción privilegiada. Consideró que ya tiene casi tres años en el proceso, y quiere que su situación sea definida de manera pronta.
La defensa de Rodríguez entiende que están dadas todas las condiciones para que los demás imputados, excepto Tommy Galán, sean enviados a los tribunales ordinarios, y están seguros que si la Suprema acoge su pedimento, en poco tiempo estarían finalizando su proceso.
La audiencia será retomada la semana próxima con la defensa de Tommy Galán, quien no tiene incidentes diferidos, por lo que se espera que plantee algún pedimento nuevo que tenga que hacer al Pleno.
Las audiencias preparatorias del juicio de fondo de los sobornos de Odebrecht se iniciaron el 12 de septiembre del año en curso, sin que todavía se haya logrado avanzar con la discusión del fondo de los hechos.
Imputados y delitos
Los enviados a juicio son Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, y a Juan Roberto Rodríguez Hernández, quienes son acusados de beneficiarse de los US$92 millones que la empresa brasileña Odebrecht admitió que pagó de sobornos en el país para obtener contratos de obras.
El grupo es acusado de incurrir en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, sancionados por la Ley No. 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión, el Código Penal Dominicano, la Ley No, 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas, y la Ley No. 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

La barra de defensa del expresidente del Senado, Andrés Bautista, imputado por los sobornos de Odebrecht, advirtió este miércoles al Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que debe comenzar a dictar sentencias “valientes” que detengan muchas malas prácticas que comete el Ministerio Público cuando está instrumentado un caso.
Durante la conclusión de la presentación de sus incidentes y excepciones, los abogados plantearon que el Ministerio Público hizo una investigación oculta y parcializada en contra de Bautista, debido a que, según afirman, ocultaron muchas pruebas, y que por lo tanto deben ser excluidas de la acusación a través de una sentencia del Pleno.
El abogado Thiaggo Marrero Peralta argumentó que el Ministerio Público cometió un “contrabando probatorio”, debido a que muchas pruebas periciales fueron introducidas al expediente con la categoría de pruebas documentales. Solicitó que esas pruebas periciales sean excluidas.
Marrero Peralta argumentó, ante el alto tribunal, que el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, emitió dos sentencias en las que ordenaba al Ministerio Público entregar copias de las pruebas, sin embargo no se las entregaron.
Suspensión del juicio
Además de pedir la exclusión de las delaciones, pidieron la nulidad del auto de apertura a juicio. Pero, además, solicitaron que el proceso sea sobreseído (suspendido) hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre un recurso de inconstitucionalidad que depositaron el 8 de septiembre del año en curso, sobre la decisión de la Suprema que declaró inadmisible el recurso de casación contra la decisión de la Cámara Penal que declaró inadmisible el recurso de apelación contra el acto de apertura a juicio que dictó el juez Francisco Ortega Polanco.
Bautista tomó la palabra ante el Pleno para decir que lo incluyeron en el expediente por “una trama perversamente política”. Expresó que él no era presidente del Senado ni asistió a sesión cuando se aprobaron los contratos del acueducto de Samaná, de la hidroeléctrica Pinalito y la de Palomino.
Dijo que si fuera por aprobar contratos, deberían haber nueve congresistas; cinco presidentes de la Cámara de Diputados y cuatro del Senado.
“Quien envía los contratos al Congreso, quien hace las licitaciones, asigna las obras, busca el financiamiento y establece los complementos de financiamiento en el presupuesto es el Poder Ejecutivo, eso es de la exclusiva responsabilidad del presidente de la República. Un congresista no puede cambiar una coma ni un punto a un contrato y mucho menos puede elaborar un contrato y llevarlo allá. 
Eso es de la exclusiva responsabilidad del presidente de la República y se ha querido llevar esto al Congreso para evadir responsabilidad. Eso es injusto, esto es perverso”, expresó Bautista.

El consejo de abogados del imputado en el caso de los sobornos de Odebrecht, Andrés Bautista, advirtieron hoy en estrado que en el país no hay precedentes de que jueces de un tribunal colegiado puedan decidir estando recusados como lo hicieron algunos magistrados del pleno de la Suprema Corte de Justicia el pasado mes de septiembre.
Argumentaron que con esas acciones del Pleno de la Suprema Corte hubo un cambio en el ordenamiento jurídico sin justificación ni fundamentos, y que va en violación de la propia ley Orgánica de la Suprema, la tutela judicial efectiva, además de violaciones del debido proceso.
Es por eso que durante la presentación de sus incidentes y excepciones, se sumaron a la excepción de nulidad que busca sea dejada sin efecto la decisión del alto tribunal que rechazó las recusaciones a Luis Henry Molina, Frank Soto, Napoleón Estévez Lavandier, y la magistrada Vanessa Acosta.
Durante el desarrollo de la audiencia, el abogado Carlos Salcedo, planteó la nulidad del proceso, tras reiterar el argumento de que luego de que se descartara la asociación de malhechores, sólo el senador Tommy Galán es el único que debe quedarse en la jurisdicción privilegiada.
Y aunque Salcedo fue objetado por el Ministerio Público por tener una línea discursiva “extemporánea”, llegó a decir que su defendido está en el proceso “por nada”.
“Andrés Bautista está aquí porque presentó una denuncia contra Joao Santana, que asesoraba al presidente de la República”, llegó a decir el abogado Salcedo, antes de que el tribunal acogiera la objeción del Ministerio Público.
La audiencia será retomada mañana miércoles, se espera que la defensa de Bautista termine con los incidentes para dar paso a otro de los acusados.
La acusación
Andrés Bautista es expresidente del Senado y del Partido Revolucionario Moderno. El Ministerio Público lo acusa de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada de bienes y mezclarse con asuntos no compatibles con la función pública.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia retomará este martes el conocimiento de las audiencias por el caso de los sobornos de Odebrecht, y en esta ocasión le toca el turno al imputado Andrés Bautista de presentar sus incidentes y excepciones antes de que se llegue a conocer el fondo de los hechos.
Los planteamientos de la barra de defensa de Andrés Bautista van dirigidos a que sea declarado nulo el auto de apertura a juicio que emitió el juez de la instrucción especial. Se recuerda que en varias ocasiones los abogados del imputado han alegado que se violentó el derecho a la tutela judicial efectiva.
En varias ocasiones Carlos Salcedo, coordinador de la barra de defensa de Bautista, también ha dicho que la sentencia de envío a juicio de fondo contiene contradicciones y adolece de motivación.
A Bautista se le acusa de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. También de intervenir en la aprobación del financiamiento de obras durante los años en que fue presidente del Senado.
Antes de la presentación de Andrés Bautista, además expusieron los abogados de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Entre los acusados en el caso del soborno de 92 millones de dólares pagados por Odebrecht para ser favorecida con obras estatales, también figuran el abogado Conrado Pittaluga, el senador Tommy Galán y Roberto Rodríguez.

El recurso de casación que interpuso Ángel Rondón contra la sentencia que declaró inadmisible la apelación al auto de apertura a juicio a los imputadospor los sobornos de Odebrecht, parecería ser una “patada voladora” que no surtirá ningún efecto, según expresaron abogados y jueces consultados por Diario Libre.
Luego de que el pasado 17 de octubre los abogados del empresario Rondón Rijo depositaron en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia el recurso de casación por considerar que aún estaba abierto el plazo para hacerlo, surgieron las dudas respecto a si procede o no esa instancia y cuál sería el rol de los jueces ante un hecho no antes visto.
¿Qué ocurre en estos casos? ¿Cometió un error el Pleno al no verificar que el plazo estaba abierto? ¿El Pleno puede conocer la solicitud de casación y juicio de fondo al mismo tiempo? ¿Qué respuesta procesal se puede dar en este caso? Son de las interrogantes planteadas a varios juristas, algunos de los cuales ofrecieron sus consideraciones pero pidieron hacer reserva de sus nombres.
En septiembre se declaró inadmisible el recurso interpuesto por Andrés Bautista.
Alguno de los consultados aseguran que “dado lo suis generis del caso y tomando en cuenta que ambos asuntos son de la competencia del mismo tribunal y que se encuentran estrechamente vinculados por la conexidad, la Suprema Corte de Justicia podría ordenar la acumulación de ambas cosas y fallarlas por una misma sentencia aunque, por razones obvias, uno de los aspectos (el de la casación) tendría que ser fallado de manera previa al fondo”.
En tanto que Carlos Balcácer, Harold Aybar y otras tres personas cuestionadas, explicaron que el Código Procesal Penal es claro en establecer que los autos de apertura a juicio no son susceptibles de ningún recurso tal como lo estableció la Cámara Penal de la Suprema Corte cuando declaró inadmisible el recurso de apelación. Dicen que ese mismo criterio puede ser tomado en cuenta por el Pleno en este caso.
Describieron que esa instancia no detiene el proceso, o sea, el juicio que se está celebrando, toda vez que el envío a juicio no es objeto de recurso y que lo que sí podrían hacer los magistrados es suspender la audiencia “por prudencia”, si lo consideran, y dar respuesta a esa solicitud de Ángel Rondón.
“La Suprema tiene dos caminos: declarar ese recurso de casación inadmisible porque ese recurso no está contemplado dentro del Código y, en segundo lugar: la Suprema Corte tendría que repensar el procedimiento y admitir que no hay recurso para ninguna decisión en materia privilegiada, salvo los recursos de oposición porque nacen como consecuencia de un incidente o como trámite de un incidente”, destacó Balcácer.
Describió, además, que los casos en jurisdicción privilegiada en la Suprema se conocen en única instancia y lamenta que esa Alta Corte en el pasado haya permitido y admitido recursos contra decisiones dictadas en la jurisdicción privilegiada.

La Fiscalía suiza informó este martes de la apertura de la primera acusación formal contra un sospechoso en relación con la trama Petrobras-Odebrecht, con amplias ramificaciones en diversos países de Latinoamérica.
La acusación, contra un ciudadano "de origen suizo y brasileño" cuya identidad no fue revelada, se basa en sospechas de que bajo su labor como intermediario financiero fue cómplice en el soborno de altos cargos públicos y actividades de blanqueo de dinero, según la nota oficial de la Fiscalía.
La acusación pública añadió que el acusado también afronta procesos judiciales en Brasil y Portugal, aunque se ha decidido ampliar la causa a la Justicia suiza por considerar que las materias investigadas también afectan al país centroeuropeo.
La acusación podría abrir la puerta a que la Justicia suiza avance en otros 60 procedimientos criminales abiertos por la Fiscalía estatal en relación con la trama, en los que aún no ha habido acusación formal.
Por otra parte, este órgano judicial ya ha confiscado en los últimos años fondos relacionados con la trama por valor de 620 millones de francos suizos (misma cantidad en dólares), de los que 390 millones ya fueron devueltos a las autoridades brasileñas.
El pasado año el supervisor suizo de los mercados financieros (Finma) confiscó 1,3 millones de francos al banco local PKB por no haber actuado con la debida diligencia ante los escándalos de corrupción de Petrobras y Odebrecht.
La trama de corrupción se investiga igualmente en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Portugal, Perú, República Dominicana, Venezuela y la propia Brasil.

Los abogados del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quien está imputado en el caso de los sobornos de Odebrecht, concluyeron este jueves con la presentación de sus incidentes diferidos planteando al Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarar nula la acusación que hay en contra del exfuncionario.
También plantearon a la alta corte que declare nulo el auto de apertura a juicio que dio el juez de la instrucción especial, Francisco Ortega Polanco.
De acuerdo con el abogado Ramón Núñez, quien forma parte de la barra de defensa del exministro, hay muchas pruebas documentales, las cuales tienen que ver con información financiera del imputado, que fueron producidas por el órgano acusador luego de que venciera el plazo de 15 días que tenían de vigencias las resoluciones dadas por el juez de la instrucción que llevaba el control del caso.
Entre las pruebas que buscan sean anuladas están informes de la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, y otras relacionadas a informes societarios.
Además plantearon al Pleno de jueces de la Suprema Corte de Justicia la exclusión de las delaciones premiadas, pruebas testimoniales de peritos que trabajan como funcionarios del Ministerio Público. Consideran que esas pruebas están viciadas y por consiguiente, afectan el derecho de defensa.
Volvieron a criticar que el Ministerio Público, durante todo el proceso, se ha concentrado en publicitar en los medios que tiene una acusación fuerte y ha dejando vencer plazos y hacer diligencias, a pesar de haber obtenido autorizaciones.
Al final de la audiencia, la defensa de Díaz Rúa además solicitó al Pleno acoger la excepción de incompetencia, en razón de que Díaz Rúa ya no tiene el cargo de ministro para estar siendo juzgado en jurisdicción privilegiada. Quieren que declinen el caso al presidente de la Cámara Penal de los Juzgados de Primera Instancia.

MKRdezign

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