VENEZUELA./El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada hace dos semanas por el Parlamento, de mayoría opositora. Se trata de una respuesta a un recurso introducido ante la máxima instancia judicial por el presidente Nicolás Maduro, quien ha decidido escoger la facultad más severa que le otorga el contrato social que rige a todos los venezolanos como una manera de oponerse en firme a la liberación de los presos políticos.
El Presidente podía o enviar al Supremo la ley como hizo, para que éste ejerza “el control previo sobre la constitucionalidad”, o devolverla al Parlamento para que los legisladores incorporen sus observaciones antes de ordenar su publicación en Gaceta Oficial. Con el primer gesto el gobernante venezolano establece como un punto de honor mantener tras las rejas a 78 personas procesadas o sentenciadas por delitos ocurridos en el ejercicio de sus derechos políticos. Entre ellos se encuentra el exalcalde del municipio Chacao Leopoldo López y la máxima autoridad del área metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma, cuyos emblemáticos casos han trascendido las fronteras para enmarcar al régimen dentro del grupo de países que violan los derechos humanos de sus adversarios.
Se trata, también, de un nuevo capítulo del enfrentamiento que mantiene el Poder Ejecutivo, controlado desde enero por la oposición, con los restantes cuatro poderes públicos, que están en manos de simpatizantes chavistas. A cada ley aprobada por el Parlamento el régimen opone su mayoría en la Sala Constitucional, que se ha convertido en la instancia que decide qué vale y qué no vale en el país, para desactivar los efectos de cualquier instrumento jurídico contrario a sus intereses. Es un juego de nunca acabar y que parece prolongarse a medida que se profundiza la crisis política y económica de Venezuela.
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