VERACRUZ. Un puñado de 153 hombres y mujeres, en su mayoría pescadores ribereños del Golfo de México, lograron lo impensable: reubicar 48.000 colonias coralinas y más de 400.000 organismos marinos, como pepinos, erizos y anémonas.
Frente a las costas de la ciudad y puerto mexicano de Veracruz, y bajo la mirada de instituciones educativas y gubernamentales, se completó el mayor traslado de un sistema arrecifal del que se tenga memoria en México, y con un nivel de supervivencia del 85%.
Los arrecifes Punta Gorda Sur y Bahía de Vergara, en el Parque Nacional Arrecifal Veracruzano, integrado a la Red Mundial del Programa del Hombre y la Biosfera, han cambiado de domicilio y hoy están a unos 25 kilómetros de su sitio original.
Para lograrlo, durante seis meses se hicieron 3.000 viajes en lancha en alta mar de una duración entre 60 y 90 minutos con la participación de 120 pescadores además de oceanógrafos, biólogos y médicos, hasta sumar 153 personas.
La orden de salvar a estos arrecifes del Parque Nacional de 65.516 hectáreas llegó junto con la decisión ampliación del puerto de Veracruz, que comenzó en 2014 y se espera terminar en 2030.
“Sentíamos bien bonito porque estábamos rescatando algo que iba a quedar perdido”, dice a Efe Bernardo Hernández Guzmán, un pescador pulpero y arponero que aprendió a bucear y sembrar corales en medio de fuertes marejadas.
Con dos hijos, aseguró sentirse orgulloso del resultado: “ahora por lo menos nuestros nietos verán los corales”, dice.
Como parte de las decisiones de ampliar el puerto de Veracruz, las autoridades ambientales de México dictaron 91 medidas y 12 condicionantes para la prevención, mitigación y compensación, entre ellas salvar los arrecifes.
La Administración Portuaria Integral de Veracruz, responsable del proyecto del nuevo puerto, ha destinado 100 millones de pesos (5,3 millones de dólares) para aplicar las medidas ambientales supervisadas por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Veracruzana.
“La reubicación era una condicionante para el proyecto de ampliación y una medida forzosa, y se hizo en varias etapas”, dijo el investigador Francisco Javier Matos Hernández, coordinador y superintendente del proyecto de acreditación ambiental.
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