SANTO DOMINGO. A mediados del año pasado, cuando la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo fue aprobada, los empresarios mostraron temor por sus posibles efectos. Siete meses después y ya con todo el marco de normas en vigor, asumen que la aplicación de la Ley 155-17 ha tenido —y seguirá teniendo— un impacto sobre la actividad de sectores económicos que ahora están obligados a hacer cumplir la ley.
El presidente ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), Enrique Fernández, dijo que el año pasado registraron una caída de las ventas por el orden del 15% que estuvo influenciada, no solo por el enfriamiento generalizado de la economía, sino también por la expectativa generada por la aplicación de la ley contra el blanqueo de capitales.La forma de hacer negocios para ellos registró un viraje importante desde junio del año pasado, cuando la norma general entró en vigor. Para empezar, no pueden aceptar pagos en efectivo por más de RD$500,000 (que ahora equivalen a US$10,250 al tipo de cambio actual) por la venta de un vehículo. Pero si un cliente espera hacer varios pagos para saltarse esa limitación, tampoco tendrá suerte: todos los sectores económicos que participan en el cumplimiento de la Ley 155-17 deben reportar si, al sumarse, varios pagos vinculados a la misma compra-venta, superan los US$15,000 o su equivalente en moneda nacional.
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