El Gobierno irlandés ha ofrecido una compensación de 30.000 euros a una mujer que viajó al Reino Unido para abortar porque la estricta legislación de este país no se lo permitía, confirmaron hoy fuentes oficiales.
Amanda Mellet estaba en la vigésimo primera semana de gestación cuando se desplazó en 2011 al país vecino con su pareja para terminar su embarazo, ya que el feto presentaba anomalías congénitas y los médicos advirtieron de que moriría en el útero o poco después de nacer.
Tras analizar el caso, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictó el pasado junio que la ley del aborto irlandesa sometió a la embarazada a un "trato discriminatorio y cruel, inhumano y degradante".
En consecuencia, consideró que el Gobierno de Dublín estaba obligado a compensar a Mellet, quien solo pudo permitirse permanecer 12 horas en el Reino Unido para abortar por carecer de los recursos económicos suficientes.
El ministro irlandés de Sanidad, el democristiano Simon Harris, se reunió con la pareja este martes para presentar la posición de su Gobierno ante el dictámen de la ONU y ofrecer 30.000 euros, explicaron hoy fuentes oficiales, que precisaron que ese pago es voluntario, pues el Estado no está obligado legalmente a entregar una compensación económica.
Harris se ha comprometido, asimismo, a poner a disposición de Mellet "todos los servicios psicológicos apropiados", según ordenó también el Comité de DD.HH. de la ONU.
El Gobierno de Dublín tiene de plazo hasta el próximo martes para presentar a ese organismo un detallado plan de acción para cumplir con la legislación internacional sobre derechos humanos.
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