SANTO DOMINGO. El Ministerio de Energía y Minas solicitó al Poder Ejecutivo autorizar la explotación del proyecto minero Romero en San Juan de la Maguana, para lo cual le sometió una propuesta de resolución con un esquema financiero que asegura al Estado beneficios superiores al 40% e incluye estrictos compromisos de preservación ambiental.
Bajo ese modelo -sin precedentes desde 1992 cuando el Código Tributario introdujo cambios en la renta gravada- el Estado percibirá un total de US$224 millones durante los siete años estimados de vida útil del yacimiento de oro, plata, cobre, zinc y plomo, cuyo valor presente se calcula en US$561 millones, conforme con los precios actuales de los metales. Estos montos pueden incrementarse si se identifican mayores reservas dentro del proyecto Romero.Las explotación de la mina es objetada por grupos ecologistas y comunitarios de San Juan de la Maguana por entender que la cordillera Central sería afectada y por tanto el suministro del agua para consumo humano y agrícola.
La empresa solicitante Gold Quest, de capital canadiense y suizo, acepta retribuir financieramente al Estado por encima de lo estipulado en la Ley 146-71, con lo cual establecería un hito financiero en las concesiones de explotación minera que ha otorgado el país en los últimos años. Una concesión de explotación minera metálica típica paga 27% de Impuesto sobre la Renta (ISR) y el 5% de las ganancias para la Contribución Municipal dispuesta por la Ley 64-00.
Con el compromiso de la empresa -consignado en una declaración jurada que acompaña el expediente- el Estado estaría recibiendo US$52 millones adicionales de contribución voluntaria de parte de la empresa, que además se compromete formalmente a no usar en sus procesos elementos químicos contaminantes ni las aguas del río San Juan ni de fuentes subterráneas y de explotar la mina con parámetros que produzcan los menores impactos ambientales.
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