Dijo que la mayoría de las auditorias del órgano fiscalizador que han encontrado un manejo inadecuado e irregular de los recursos públicos, se han quedado en denuncias mientras otras han sido archivadas por la justicia.
Esto ocurre, dijo, no obstante ser la entidad una herramienta poderosa que posee los fundamentos jurídicos necesarios para hacer cumplir la ley, pudiendo someter a la justicia a los corruptos, recuperar los dineros públicos sustraídos y promover la eficiente gestión de los administradores de recursos públicos.
“La Cámara de Cuentas está obligada a realizar una investigación completa si en una institución del Estado hay indicios de mal manejo de fondos públicos. En dicho caso se debe llegar a las últimas consecuencias y realizar auditorias e investigaciones especiales a los contratistas del Estado involucrados con la institución auditada, ya que los recursos públicos no pierden su calidad de tales por ser administrados por personas particulares”, manifestó.
Agregó que ahí se pueden conseguir más evidencias, asimismo se pueden investigar los comercios que suministran bienes para una obra contratada, para por ejemplo, confirmar o no, si los precios que aparecen en sus facturas son los mismos a que regularmente venden y no están abultados.
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