El 20 de junio la JCE llamó a los aspirantes a cargos electorales a suspender en un plazo de cinco días todas sus actividades que incluyan marchas o caravanas, así como la colocación de propagandas en medios de comunicación.
El organismo aseguró tener “absoluta competencia reglamentaria, establecida en la Constitución de la República y en las leyes, para exigir el cese inmediato de las actividades mencionadas, sin desmedro del ejercicio de los sagrados derechos de asociación, reunión y libre expresión del pensamiento”.
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