La acusación se extiende a la esposa del exmandatario, Marisa Leticia Lula da Silva, y al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, según la información que voceros de la Policía Federal consultados por Efe se abstuvieron de confirmar o desmentir.
La Policía Federal también presentó cargos en el mismo proceso contra Leo Pinheiro y Paulo Gordilho, el presidente y un importante ejecutivo, respectivamente, de la constructora OAS, una de las empresas ya condenadas por haber participado en la red que desvió millonarios recursos públicos de contratos con la petrolera estatal Petrobras.
Copias de la acusación formal de la Policía Federal contra Lula fueron publicadas por diferentes medios locales en momentos en que el país está concentrado en la fase final del juicio político destituyente que el Senado abrió contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, su sucesora y ahijada política.
Se trata de la primera acusación formal contra Lula en las tres causas en que es investigado por supuestamente haber recibido beneficios de empresas que se favorecieron de la gigantesca red de corrupción enquistada en Petrobras.
La investigación se refiere a un apartamento de tres pisos en Guarujá, un balneario en el litoral del estado de Sao Paulo, por el que Lula pagó una cuota inicial.
Los abogados de Lula alegan que el expresidente desistió del negocio y pidió que le devolvieron el dinero.
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