La Procuraduría General de la República estaba investigando al exdiputado Ramón Rogelio Genao Lanza por los 92 millones en soborno que pagó Odebrecht en el país para ser beneficiaria de obras del Estado. El congresista no figura entre los imputados por el caso.
Durante la audiencia preliminar, la defensa de Jesús –Chú- Vásquez Martínez mostró la autorización en donde la Procuraduría afirma que los investigados ‟utilizan la vía electrónica (el teléfono celular), para coordinar las transferencias electrónicas de dinero, llevadas a cabo desde la empresa brasileña Odebrecht S.A, en consecuencia nos urge la autorización para la extracción de registros de coordenadas, llamadas y mensajes de textos enviados, datos transmitidos a través de los siguientes números telefónicos registrados a nombre de los investigados y vinculados a los mismosˮ.
Los datos de las interceptaciones telefónicas no fueron aportados como pruebas en el caso, explicó el abogado Jorge López Hilario en referencia al auto 04-2018 que autorizó intervenir los teléfonos de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Juan Roberto Rodríguez, Jesús Vásquez, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, Juan Temístocles Montás, César Sánchez, Maximo D´Oleo, Radhamés Segura, Bernardo Castellano, Ruddy González y Ramón Rogelio Genao Lanza.
La defensa del expresidente del Senado Vásquez Martínez pidió al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, verificar si en la delación del exgerente de Odebrecht, Marco Vasconcelos Cruz, depositada por el Ministerio Público aparece la parte donde él lo menciona como beneficiario de soborno debido a que esa parte no está en el documento original que envió Odebrecht.
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