El pasado 24 de febrero se cumplieron dos años de la promulgación de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que generó grandes expectativas en la población, pero que algunos actores consideran que hay rezago en la aplicación de muchos de sus mandatos.
Esta legislación comenzó a ejecutarse luego de la designación de la ingeniera Claudia Franchesca de los Santos en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) mediante el decreto 237-17, del 3 de julio de 2017.
En estos dos años se ha estado trabajando en el levantamiento de información y definición de políticas y prioridades y como afirman los dirigentes Antonio Marte, Juan Marte y William Pérez Figuereo, la directora de los Santos ha tratado de cumplir con los mandatos de la legislación buscando el concurso de los transportistas.
Sin embargo, hay críticas por el proceso y como afirma William Pérez Figuerero, de la Central Nacional de Transportistas Unificados(CNTU), lo han sorprendido con temas como la resolución 02-19 sobre el uso de neumáticos y el plazo otorgado, así como el incremento en el monto de las multas por infracciones que están generando incertidumbre en el sector.
Entiende que hay retrasos en la puesta en funcionamiento del transporte escolar, en el régimen tarifario del pasaje, licitación de corredores y en el retiro de las chatarras, entre otros aspectos y considera que el INTRANT necesita herramientas y hasta un buen espacio físico para hacer un mejor trabajo.
Afirma que no hay una política de sacar un carro chatarra, que ese tema se ha quedado patinando en la Ley porque la legislación no ha tendido alcance en ese sentido y ni hablar del uso de alcoholímetro, de lo que dijo, no se habla.
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