SAN JUAN. El enfrentamiento institucional en Puerto Rico entre el Gobierno, el Senado y la entidad federal de control al Ejecutivo a causa de la derogación de la ley que indemniza a los trabajadores despedidos por causa injusta eleva la incertidumbre sobre la crítica economía de la isla.
El origen del conflicto está en la decisión del Senado de negarse a acabar con la Ley 80, requisito para garantizar más dinero para el nuevo presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la entidad de control impuesta por el Congreso en Washington al Gobierno liderado por lidera Ricardo Rosselló para garantizar unas finanzas públicas saneadas.
La JSF exige para permitir un presupuesto con más partidas para varios departamentos, los municipios y la Universidad pública que se ponga fin a la Ley 80, una norma que garantiza una indemnización en caso de despido injustificado.
La entidad de control, que quedó establecida en 2016 con la aprobación de la Ley Promesa en el Congreso en Washington, esgrime que la Ley 80 supone un freno para el desarrollo de la economía local al desincentivar la inversión -en especial la foránea- a causa de los costes laborales por despido.
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