MADRID.- La sentencia por abuso sexual en España contra cinco hombres que asaltaron en grupo a una joven sigue alimentando el debate sobre los miembros del tribunal y la interpretación que hicieron de la ley, así como sobre una futura reforma del Código Penal.
Hoy el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, cuestionó al juez que rechazó la culpabilidad de los cinco condenados, al afirmar que “tiene algún problema singular” y que “todos lo saben”.
Un tribunal de Pamplona, ciudad donde ocurrieron los hechos en los Sanfermines de 2016, condenó el pasado día 26 a los acusados a nueve años por abuso sexual y no por agresión (violación), lo que causó un gran rechazo social, al que se unieron los partidos políticos.
Pero aún provocó más indignación el voto particular de uno de los jueces, quien en su escrito afirmó que en los vídeos que se presentaron como prueba sólo observa a cinco varones y una mujer practicando “actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo”.
El ministro, que ayer se mostró convencido de que habrá una “resolución justa” cuando el caso se recurra ante un tribunal superior, consideró hoy en una entrevista radiofónica, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -el órgano de gobierno de los jueces- “debería haber actuado preventivamente” contra el magistrado Ricardo González.
Catalá afirmó que la labor del CGPJ es “ver si está en plenas facultades para ejercer su labor” el juez que en su voto particular abogaba por la absolución de los cinco integrantes de “La Manada”, aunque rehusó explicar cuál es el problema que tiene ese magistrado.
El CGPJ suspendió a González en 2001 durante seis meses por retrasos injustificados y reiterados en procedimientos de divorcio y separación de los que se había ocupado en los años 90, pero no ha sido expedientado en los últimos cuatro años.
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