Una jueza federal aprobó el lunes un plan de reestructuración de deuda de Puerto Rico, en el primer acuerdo de su clase para el territorio estadounidense desde que el gobierno de la isla declaró hace casi cuatro años que no podía pagar su deuda pública.
El acuerdo involucra más de 17,000 millones de dólares en bonos respaldados por impuesto sobre ventas, y los funcionarios dijeron que ayudará al gobierno a ahorrar un promedio de 456 millones de dólares al año en servicio de deuda. También permite que Puerto Rico reduzca su deuda respaldada por el impuesto a las ventas en un 32%, pero requiere que pague 32,000 millones de dólares en los próximos 40 años como parte de la restructuración.
Los tenedores de bonos senior, que poseen casi 8,000 millones de dólares, cobrarán primero y recibirán 93% del valor de los bonos originales. Los tenedores junior, muchos de los cuales son inversionistas puertorriqueños individuales y que en total poseen casi 10,000 millones de dólares en deuda, serán los últimos en cobrar y recuperarán solo 54%.
“Puerto Rico ha dado un importante paso hacia su total recuperación financiera”, dijo el gobernador Ricardo Rosselló en un comunicado. “Esto representa más de 400 millones (de dólares) anuales que estarán disponibles para servicios en áreas críticas como salud, educación, pago de pensiones y seguridad pública, en cumplimiento con otras obligaciones”.
El acuerdo había sido aprobado por los tenedores de bonos, pero provocó que cientos de personas escribieran cartas y mandaran correos electrónicos a la jueza Laura Taylor-Swain que realizó una audiencia sobre la cuestión hace tres semanas para expresar sus inquietudes acerca de la capacidad del gobierno para realizar esos pagos y el efecto que tendrá en los servicios públicos. En su fallo, la jueza escribió que revisó y consideró cuidadosamente todos esos mensajes antes de tomar una decisión.
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