SAN DIEGO. Autoridades federales de inmigración formalizaron el miércoles una política para enviar a agentes de deportación a las cortes locales, estatales y federales para arrestar a inmigrantes, haciendo caso omiso de las quejas de jueces y activistas de que la medida causa temor en las víctimas de delitos, testigos y familiares.
La directriz de dos páginas que emitió el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) señala que se ingresará a cortes únicamente por objetivos específicos, como criminales convictos, miembros de pandillas, amenazas a la seguridad pública e inmigrantes que ya han sido deportados previamente o a los que ya se les ordenó salir del país. No se detendrá a familiares, amigos o testigos para su deportación, aseveró la dependencia, pero mantuvo una salvedad para “circunstancias especiales”.
La política, firmada por el director interno del ICE, Thomas Homan, señala que los agentes migratorios, por lo general, deben evitar realizar arrestos en áreas que no están destinadas para criminales dentro de las cortes, como los juzgados familiares y de denuncias menores, a menos que se cuente con la aprobación de un supervisor.
En un señalamiento poco sutil a las llamadas “ciudades santuario” que limitan su colaboración con las autoridades migratorias, el ICE dijo que la “creciente falta de voluntad de algunas jurisdicciones para cooperar con el ICE en el traslado seguro y ordenado de ciertos extranjeros dentro de sus prisiones, ha causado la necesidad de arrestos adicionales de fugitivos”.
Agentes migratorios realizaron arrestos en tribunales durante el gobierno de Barack Obama, pero aparentemente el ritmo se aceleró durante la presidencia de Donald Trump, durante la cual se ha registrado un incremento de casi 40% en los arrestos en general.
En marzo, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de California, Tani G. Cantil-Sakuaye, le solicitó al ICE mantenerse fuera de sus juzgados y escribió: “Las cortes no deben utilizarse como carnada en el necesario ejercicio de las leyes migratorias de nuestro país”.
Por su parte, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Washington, Mary E. Fairhurst, dijo en su momento que la presencia del ICE era “sumamente perturbadora debido a que impide la misión fundamental de nuestras cortes, que es la de garantizar el debido proceso y el acceso para todos, sin importar su estatus migratorio”.
Sarah Mehta, investigadora de derechos humanos de la Unión Americana de Libertades Civiles, dijo que la nueva política ayuda a entender los límites autoimpuestos del ICE _a pesar de que se permiten excepciones_, pero señala que podrían haber llegado demasiado tarde, ya que se propagó el miedo.
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