GUATEMALA. La Fiscalía de Guatemala imputó ayer los delitos de fraude y malversación a 12 exfuncionarios del Gobierno de Alvaro Colom, entre ellos, el propio exmandatario y el expresidente de Oxfam Internacional Juan Alberto Fuentes Knight, acusados de participar en una trama de corrupción en el transporte público.
En la audiencia de primera declaración celebrada este viernes ante el juez undécimo de Primera Instancia Penal, Eduardo Cojulum, el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, leyó la imputación a los doce acusados en el marco de la causa conocida como Transurbano.
La investigación establece que los exfuncionarios, pertenecientes al Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (2008-2012), participaron en esta red que otorgó de manera ilegal y sin ningún aval 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para la implementación de un sistema prepago en este método de transporte.
En este sentido, el jefe fiscal aseguró que el expresidente de Oxfam, en su calidad de ministro de Finanzas de ese Gobierno, tuvo un “grave abuso de confianza” en contra de los intereses del Estado al fraguar y permitir de forma “fraudulenta” la aprobación de acuerdo con el que se defraudaron los 35 millones de dólares.
“Como rector del Ministerio de Finanzas fue el responsable de cumplir y hacer cumplir todo lo del régimen hacendario, administrar, controlar y fiscalizar lo relativo a la aportación de recursos económicos”, dijo Sandoval, pero contravino todas estas normas y permitió la suscripción del proyecto “a sabiendas” que no había dictámenes de idoneidad ni análisis que justificaran la inversión.
Pese a ello, continuó, permitió la adjudicación de una “asignación arbitraria” y es el “responsable de la sustracción” por otorgar, “de manera infundada y tras engañar a la administración pública”, la liberación de los fondos “de manera escalonada y a beneficio de particulares”.
A Colom, la Fiscalía le reprocha que hubiera intervenido “de manera personal e institucional para facilitar el procedimiento fraudulento de la creación del Acuerdo” conociendo que iba en perjuicio del Estado y que se habían utilizado mecanismos “fraudulentos” para su aprobación.
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