SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República informó que,
en coordinación con otras instituciones, ha intervenido en el último año
13 compañías de seguridad privada que operaban ilegalmente en el país, a
las que se les ha ocupado 567 armas de fuego ilegales y arrestadas 24
personas.
Los detenidos, entre propietarios, administradores y
gerentes, han sido sometidos a la acción de la justicia y se les ha
impuesto distintas medidas de coerción y condenas, afirmó la
Procuraduría en una comunicación de prensa.
Detalló
que las empresas intervenidas e investigadas por operar ilegalmente son
Escuela Private Security, Private Security, Seguridad Suprema, Atlanty,
Inter-Com. Dijo, además, que en fase de instrucción en la justicia con
medidas de coerción ya impuestas contra sus ejecutivos, está la compañía
Security Protection Center, SRL.
De igual manera, citó a la
compañía Alcones del Caribe, cerrada de manera provisional y que se
encuentra en juicio de fondo, mientras que en fase de audiencia
preliminar las empresas Special Armed Security, Compañías de Seguridad
G3D, Professional Security And Services y Sepcter.
El órgano a
cargo de la persecución de las armas ilegales, explicó que las empresas
Leev, Guaposa y R&P, tienen sentencias condenatorias definitivas,
además de que se logró el cierre de las compañías, la imposición de
multas y la confiscación de los bienes incautados.
El trabajo fue
coordinado entre la Procuraduría General de la República (PGR), a
través de la Procuraduría Especializada para el Control del Tráfico
Ilícito de Armas, y el Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP).
La
declaración explica que las diligencias de investigación realizadas en
esos casos fueron autorizadas mediante órdenes judiciales, siendo
ejecutadas por la Procuraduría Especializada para el Control del Tráfico
Ilícito de Armas de la PGR, y la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada del MIDE.
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