Pese a los esfuerzos que hace el Gobierno por reubicar a familias de las zonas vulnerables, miles de dominicanos siguen viviendo en lugares de alto riego, expuestos a ser arrastrados por crecidas de ríos, arroyos y cañadas o morir aplastados al desplomarse sus viviendas construidas en lugares inadecuados para habitar humanos.
Cada año, al inicio de la temporada ciclónica que se inicia el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre, mucha gente vive en incertidumbre cuando se anuncian lluvias, porque viven en el mismo trayecto de las correntías o en zonas de inundación tanto en el Gran Santo Domingo como en las provincias.
De acuerdo con el Foro de Gestión de Riegos de República Dominicana, que integran varias entidades oficiales y privadas 1,050,717 viviendas se encuentran en algún lugar de riesgo y, de acuerdo con el último censo 1,8833,70 viviendas fueron afectadas por algún fenómeno hidrológico en los últimos 5 años.
El Plan de Ordenamiento Territorial elaborado por la Alcaldía del Distrito Nacional, en esa demarcación y hasta 2017 vivían 292,332 personas en altos niveles de vulnerabilidad en tugurios de 14 barrios y 38 sub-barrios, lo que representó en ese momento el 30.29% de su población total de las familias en condiciones de vulnerabilidad.
David Arbona, arquitecto urbanista, dirigente de Ciudad Alternativa y militante del Foro Ciudadano para la Comisión de Viviendas y Hábitat, cuenta que la inversión del Estado para enfrentar el problema de la vulnerabilidad de las viviendas es de solo 0.02% del Producto Interno Bruto, cuando lo correcto sería al menos un 1% anual durante 10 años, aunque la propuesta sería de un 2% del PIB todos los años.
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