Más de 300 crímenes siguen sin aclararse judicialmente al cumplirse un año de que la organización terrorista ETA anunciara que disolvía “completamente todas sus estructuras” después de casi sesenta años de existencia y haber asesinado a 853 personas.
La banda publicó el 3 de mayo de 2018 una carta fechada el 16 de abril de aquel año para manifestar la decisión de “dar por terminados su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido”, después de un debate interno entre sus miembros.
Al día siguiente, un foro internacional sobre el fin de ETA celebrado en Cambo-les-Bains (Francia) certificó la desaparición y reclamó una “solución global, justa y duradera” para la región española del País Vasco (norte), mientras que el Gobierno español de entonces, dirigido por el conservador Mariano Rajoy, excluyó cualquier tipo de impunidad para los miembros de la banda.
El ministro del Interior de aquella época, Juan Ignacio Zoido, recordó que “deberán pagar por sus culpas”. Añadió que no era cierto que la banda se disolviera, sino que fue “derrotada por las fuerzas de seguridad, el Estado de Derecho, la sociedad española y la Judicatura”.
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