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La Corporación Dominicana de empresas Estatales (Corde) no solo vendió el sector Los Tres Brazos a una empresa que no tenía solvencia económica, sino que también comercializó el precio del metro cuadrado por debajo del monto por el cual habían adquirido los terrenos, así como por debajo del precio al que les habían vendido a algunos residentes del referido sector.
Según la acusación depositada en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la compañía Inversiones Fernández Parache & Asociados (Infepa), representaba en el sector financiero, todo lo contrario, a las mismas razones a las cuales Corde le vendió el sector. El Ministerio Público explica que en los archivos de la institución no reposa ningún documento acreditando la solvencia de Infepa y el inventado plan de financiamiento a través de cooperativa.
“El argumento de proyecto de titulación financiado por cooperativas se trató de un acto de estafa por parte de los imputados que encabezan la compañía Inversiones Fernández Parache & Asociados (Infepa), y un desfalco por parte de los funcionarios de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), quien no tuvieron ningún reparo en vender todo el sector de la capital a un grupo de falsos expertos inmobiliarios con menos solvencia empresarial y económica que muchos de los habitantes de Los Tres Brazos”, detalla el expediente.
El exdirector de Corde, Leoncio Almánzar, no realizó ningún tipo tasación evaluación, estudio ambiental ni pericial para fijar en RD$80 millones el precio global de las parcelas 153-A-1, 153-A-2 y 155 que representa “nada más y nada menos que casi dos millones de metros cuadrados de la capital”, establece la Procuraduría en la solicitud de apertura a juicio contra Almánzar Objío, Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico; Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional; Juana Ynés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de INFEPA, y los miembros de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, y Lisetel González.
La Parcela 153-A-1 con 1,257,471 metros cuadrados, fue adquirida por Corde a la Fábrica Dominicana de Cementos en diciembre del año 1995 por RD$128 millones 554 mil pesos a razón de RD$102.23 pesos por metro cuadrado, sin embargo, al momento de la venta tenía una extensión de 188,659 metros cuadrados cuyo valor monetario era de RD$84 millones, pero fue vendida a Infepa por RD$4,000,000. En tanto que la parcela 155 que fue adquirida a un precio de RD$102.03 el metro cuadrado en el año 1995 y cuyo valor era de RD$11,000,000 también fue vendida por cuatro millones, destaca la acusación.
“Según el propio informe de Corde suscrito por su entonces director, Leoncio Almánzar Objío, el precio de la parcela 153-A-2 era de aproximadamente RD$81,879,250 todo lo cual generaba un valor aproximado de RD$178,547,380, es decir un valor casi cien millones de pesos más que el precio aceptado por Corde frente a Infepa”, relata el Ministerio Público.
A residentes se le vendió hasta a RD$696
Aunque las autoridades de Corde afirmaron al Ministerio Público que los 80 millones que cobraron por la compra de Los Tres Brazos se basa en los precios a los que la empresa acostumbraba a vender a los ocupantes, sin embargo no era cierto, ya que un informe remitido por el exdirector de la entidad al presidente de la República en marzo de 2009, establece que el metro cuadrado sería vendido a RD$100.
Esa afirmación, de acuerdo con la Procuraduría, no solo es avalada por el informe que Leoncio Almánzar envió al Poder ejecutivo sino también con al menos cuatro contratos de ventas del 2004 al 2009 en donde se evidencia que el valor por metro cuadrado oscilaba entre los RD$250 hasta RD$696 solo en la parcela 153-A-2.
“Corde había vendido 96,865.70 metros cuadrados en la parcela 153-A-2, esto sin contar la cantidad de extensión superficial de los dos listados. Por tanto, solo la venta de esos 96,865.70 metros cuadrados, Corde había recibido RD$14,172,420.40. Por tanto, si se observa en perspectiva la venta de unos 775,000 metros cuadrados aproximadamente, se estaría hablando de unos ingresos de más de RD$113 millones en tan solo una parte de la parcela 153-A-2, sin contar el resto y las demás parcelas incluidas en la operación con Infepa”, relata la acusación.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó la noche de este jueves que el tapón que desde hace horas afecta un extenso tramo de la autopista Duarte, en ambas direcciones, está comenzado a ceder en una de ella.
Gilman Pimentel, encargado de Comunicaciones de la entidad, explicó que ya el tránsito Santo Domingo-Santiago “está fluyendo y que se continúa trabajando y viabilizando el tránsito en dirección Santiago Santo Domingo”, dijo el funcionario pasadas las 9:20 de la noche.
Explicó que los trabajos de viabilización fueron reforzados por personal de Santiago y Moca y del propio subdirector general de la entidad, Milton de León Peña, quien fue franqueado por agentes motorizados.
En las labores ya actuaban agentes de La Vega, Bonao, Villa Altagracia y de la Dirección de Seguridad Vial de Carretera (Deco).
El tapón se ha extendido por más de 10 horas. Se presume que comenzó luego de ocurrir el accidente de tránsito próximo a Bonao, provincia Monseñor Nouel, alrededor de las 12 del mediodía, aunque hay tuits de personas reportando que estaban “atrapadas” en él desde las 11:30 de la mañana. Su extensión llegó a sobrepasar los 10 kilómetros y provocar hasta tres horas y media de retraso.

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, sostuvo que los gobiernos de la región deben unificar y robustecer la información que disponen las diferentes instituciones estatales de los hogares vulnerables, para diseñar políticas públicas más efectivas tendentes a mejorar la calidad de vida de los más necesitados.
“El avance de la tecnología nos ha dado la gran oportunidad de fortalecer las herramientas que utilizamos para el combate a la pobreza, y una de esas herramientas son los registros sociales. Desde que llegué a esta función, me he empeñado en disponer de data de calidad sobre los beneficiarios de programas sociales”, indicó la también coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales (GCPS).
Según un comunicado, la vicepresidenta se refirió en esos términos en la clausura del seminario-taller internacional de Actualización de Registro Social, en el cual participaron representantes de los gobiernos de Chile, Brasil, Perú, Colombia y Honduras, expertos en políticas sociales; así como de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El seminario tuvo el objetivo de conocer y compartir las mejores prácticas desde un enfoque técnico y operativo utilizadas para actualizar la información socioeconómica de los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, con el fin de reevaluar su elegibilidad a los programas sociales no contributivos.
En la actividad, organizada por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Cedeño destacó la fortaleza institucional de esta dependencia del GCPS, la que calificó como un modelo de información para el Estado, al situarse entre las tres primeras instituciones del Gobierno en el cumplimiento de los indicadores.
“La experiencia reciente con el Estudio Socioeconómico de Hogares que iniciamos en el año 2017, y que hemos concluido con mucho éxito, nos sirvió para poner en práctica muchas ideas novedosas y, a la vez, perfeccionar las acciones técnicas y operativas que, como ustedes bien saben, constituyen un gran reto a la hora de visitar casi 2.2 millones de hogares en todo el territorio nacional”, dijo.
Manifestó que tiene como reto lograr que todas las instituciones vean en el Siuben a un aliado de valor inestimable a la hora de construir políticas públicas, al indicar que está convencida de que va en ese camino.
“Creo que al disponer de registros sociales de calidad podemos explicar con detalle el impacto de las políticas sociales y convencer a los actores políticos de la necesidad de destinar más fondos a los programas de acompañamiento a las familias, un pilar que me parece esencial en cualquier estrategia de combate a la desigualdad social”, sostuvo.
Desarrollo del seminario
En el evento fueron analizados los temas relativos a las experiencias internacionales sobre los registros sociales, la implementación de esa información para elaborar políticas públicas, la importancia de mantener actualizada la información de los beneficiarios de programas sociales; así como la evaluación de los hogares elegibles y la aplicación de ciencia de datos.
Asimismo, la implementación de la estrategia operativa para actualización y verificación de la información socioeconómica de beneficiarios, consistencia y confiabilidad de los registros sociales e infraestructuras de datos espaciales.

Un estudiante, de 14 años de edad, fue arrestado este miércoles por presuntamente amenazar con “matar gente después de la escuela”, según informó la Policía del condado de Queens, Nueva York.
El menor, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, se disfrazó del villano el Guasón (Joker), el personaje de la película del mismo nombre, que es protagonizada por el actor Joaquín Phoenix, con motivo a las festividades de Halloween en Estados Unidos.
El adolescente supuestamente expresó que “hoy sería un buen día para un tiroteo” frente a sus compañeros de clase en la escuela High School for Arts and Business de Queens. Luego de decir esto, preguntó si las ventanas del campus eran a prueba de balas.
Por tal razón, el estudiante fue arrestado a la 1:40 de la tarde. Sin embargo, fue liberado sin cargos de amenaza terrorista ya que los agentes consideraron que la amenaza perpetuada por el joven “se trataba de una ´broma´ para asustar a los alumnos y maestros del plantel escolar.
“Sus amenazas eran todo un engaño”, dijo uno de los investigadores de la policía.
“Gracias a Dios no pasó nada. Da miedo pensar que a un estudiante le resultaría divertido decir cosas así”, expresó Semaje W., estudiante de segundo año de 14 años.
“Hoy es Halloween, así que tal vez solo estaba tratando de llamar la atención. Si fue arrestado entonces obtuvo lo que quería, la atención”, dijo uno de los compañeros de clase del adolescente.
Asimismo, el Departamento de Educación de la ciudad (DOE), confirmó mediante un comunicado, que no existió una amenaza creíble y que “la seguridad siempre es lo primero, y estamos brindando apoyo adicional a la comunidad escolar. No existe una amenaza creíble, y todos los estudiantes y el personal están a salvo”.
Pese a esto, el menor fue referido a Centro Hospitalario Elmhurst donde deberá ser sometido a pruebas psicológicas.

Cinco unidades móviles de extricación y rescate fueron integradas al programa de protección y asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Su función será ayudar a víctimas de accidentes de tránsito que queden atrapadas dentro de vehículos en las carreteras.
El ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín y la directora de RD Vial, Eyla Vargas, entregaron las unidades al capitán navío Luis Manuel Feliz, director de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas.
Las unidades serán distribuidas en carreteras troncales del país, entre las cuales se encuentran la Autovía del Este, Autopista Duarte y la 6 de Noviembre.
Ana Beatriz Fernández Guzmán, encargada de Operaciones Médicas y del Programa Prehospitalario del MOCP, afirmó que con la implementación de esos equipos disminuirán las muertes por trauma en el país.
"Si tenemos el equipo, los elementos y el personal capacitado con todas las herramientas necesarias, apostamos al éxito", añadió.
Las unidades se integrarán en el operativo de reforzamiento y asistencia vial, el cual dará lugar este fin de semana largo con motivo al Día de la Constitución.
Operativo de reforzamiento
El fin de semana largo contará con 303 patrullas de carreteras, 1,212 hombres, 24 ambulancias y 24 grúas, gracias al reforzamiento en las carreteras dispuesto por el MOPC.
Asimismo, el ministro Pepín sostuvo que se dispondrá de 10 talleres automóviles, 18 talleres gomeros, 8 patrullas de seguridad ciudadana, 50 patrullas movilizadoras y los cinco nuevos camiones de rescate.
Se estiman unos 23 corredores de seguridad ciudadana, de los cuales 17 corresponderán al Gran Santo Domingo y 6 a Santiago.
Equipamiento de las máquinas
Las unidades de extricación y rescate se unen al conjunto vehículos que dan servicio 24/7 a la ciudadanía en carreteras. Cuentan con capacidad para cuatro tripulantes y un vagón trasero para el transporte de equipos y herramientas necesarias para rescate y extricación vehicular.
También se componen de winches eléctricos con capacidad de 20,000 libras para extraer vehículos de zonas incómodas, luces de emergencia en la parte delantera, trasera y laterales de flash.
Puertas tipo shutter, lámparas para iluminación exterior e interior en led con varios compartimientos y anclajes para la sujeción de los equipos son otros elementos que las integran.
Ramón Pepín y la directora de RD Vial, Eyla Vargas, junto a personal de RD Vial durante la presentación de las nuevas unidades de rescate.

La policía en el norte de California investigaba el viernes un “tiroteo múltiple” en la noche de Halloween. Un medio de comunicación local informó que hubo muertos pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.
La policía del condado Contra Costa tuiteó justo antes de la medianoche del jueves que está trabajando con el departamento de policía de Orinda en la investigación. Ninguno de los departamentos ha publicado detalles del tiroteo.
Un video trasmitido por KGO-TV mostró a varias personas siendo trasladadas en ambulancias mientras otros se alejaban cojeando del lugar.
El video también mostró a la policía hablando con personas que parecían heridas.
Se prevé que las autoridades den más detalles a lo largo del día.

viernes, noviembre 01, 2019
Al menos 42 personas han fallecido, 19 de ellas a manos de las fuerzas de seguridad, en las siete semanas de protestas que paralizan Haití desde mediados de septiembre, denunció hoy la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Al menos uno de los fallecidos era un periodista y entre los 86 heridos contabilizados por la ONU desde el inicio de las protestas figuran otros nueve profesionales que cubrían las manifestaciones, destacó la portavoz de la oficina Marta Hurtado, quien pidió a todas las partes que 'respeten la libertad de los medios para informar'.
Las primeras protestas se remontan a hace 16 meses, cuando la población haitiana comenzó a manifestarse por las subidas de precios de los alimentos, la corrupción gubernamental y otras reclamaciones, y la actual es la cuarta oleada, con graves efectos en la educación, la sanidad o el transporte.
'Los bloqueos de carreteras y la violencia se han traducido en mucha gente, especialmente fuera de la capital (Puerto Príncipe), con graves problemas para acceder a alimentos, agua potable, medicamentos y combustible', señaló Hurtado.
La mayoría de los escolares haitianos no han podido iniciar sus clases pese a que el curso comenzó oficialmente en septiembre, y muchas instalaciones sanitarias hay problemas de abastecimiento eléctrico, de combustible, alimentos o equipamiento médicos, añadió la portavoz.
Hurtado también denunció un 'alarmantemente alto' número de personas detenidas a la espera de juicio, debido al cierre de muchos juzgados locales por razones de seguridad.
Las autoridades haitianas abrieron investigaciones ante las denuncias de abusos de los agentes policiales en las protestas, algo que celebró la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, expresando su interés en que estas pesquisas sean transparentes e independientes.
La portavoz recomendó hoy a todas las partes que 'tomen medidas para alcanzar soluciones pacíficas a las muchas reclamaciones que han llevado a los haitianos a salir a la calle en los últimos 16 meses'.
También llamó a que las protestas sean contenidas y pacíficas, y admitió que el diálogo se ve limitado por el hecho de que el Gobierno haitiano se encuentra en un momento de reestructuración.
Las protestas, que exigen la renuncia del presidente Jovenel Moise, se reanudaron a mediados de septiembre por la escasez de combustibles y se producen en el contexto de una sociedad plagada de corrupción, desigualdad, inseguridad, devaluación de la moneda y fuerte inflación.

El fracaso de la operación para capturar a un hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, seguido de días de explicaciones cambiantes por parte del gobierno, ha expuesto no tanto que México tiene una estrategia fallida de seguridad, sino en realidad ninguna, a decir de expertos.
Hasta ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad han definido su estrategia enfocándose en lo que no es -según los expertos - diciendo que México ya no está librando una guerra contra las drogas ni busca capturar ni matar a capos del narcotráfico, como hicieron gobiernos anteriores.
Sin embargo, esas palabras aparentemente se contradicen con la fallida misión del 17 de octubre para capturar a Ovidio Guzmán, un personaje del cártel de Sinaloa, en Culiacán, una ciudad que controla esa organización, la cual parecía ese día una zona de guerra.
Cuando le preguntan que defina su estrategia para frenar la elevada tasa de homicidios y a los cárteles del narcotráfico responsables de numerosas muertes, López Obrador responde con ideas filosóficas más que con estrategias, y a menudo menciona una variedad de programas sociales.
El mandatario dijo el jueves que su gobierno no será forzado a declarar una guerra al narcotráfico, y afirmó que su estrategia tiene un enfoque diferente.
“Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”, declaro el presidente, quien atribuyó a la corrupción la inseguridad, la violencia y el narcotráfico en el país.
López Obrador pareció culpar a todos de los sucesos en Culiacán salvo a los narcotraficantes, e incluso arremetió contra la prensa, de la que dijo ha incurrido en el “amarillismo”.
“Esto es pacificar al país convenciendo, persuadiendo, sin violencia, ofreciendo bienestar, opciones alternativas, mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, fortalecer valores”, apuntó
Cuando fue candidato presidencial, López Obrador sintetizó estos objetivos con la pegajosa frase de “abrazos, no balazos”.
Pero ahora que es mandatario, México se enfila a cerrar el año con más de 32.000 homicidios, y la ciudadanía fue testigo de la muerte de 13 personas en las calles de Culiacán, donde una unidad especial antinarcóticos del ejército capturó y después dejó ir a Ovidio Guzmán para evitar un mayor baño de sangre.
“Ya no puede seguir con esta estrategia de peace and love con los criminales y decir que no hay guerra”, afirmó Raúl Benítez, experto en seguridad y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Los criminales están declarando la guerra al gobierno y al país, a la ciudadanía, a la población”.
López Obrador también enfrentó el jueves preguntas sobre una inconformidad atípicamente pública al interior de las fuerzas armadas de México. Un periódico mexicano publicó esta semana un discurso del general Carlos Gaytán a otros oficiales militares después de la crisis en Culiacán, que siguió a una serie de agresiones de grupos delictivos contra las fuerzas de seguridad.
El repliegue de los soldados frente a sujetos armados del cártel reforzó la impresión de que el gobierno abandonó desde hace tiempo el control efectivo de ciudades, localidades y regiones enteras ante grupos del narcotráfico.
“Nos preocupa el México de hoy”, afirmó Gaytán. “Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados”.
López Obrador dejó de lado las preocupaciones sobre una división al interior de las fuerzas armadas, a las que ha favorecido con mayores responsabilidades y recursos.
“No tengo la menor desconfianza del ejército”, declaró el presidente.” Al contrario, cuento con el apoyo, con la lealtad del ejército”.
Los expertos aseguran que el aumento en el número de homicidios y la incapacidad del gobierno para difundir una estrategia de seguridad coherente no pintan un panorama optimista para los cinco años restantes de López Obrador en la presidencia. A la fecha, el mandatario ha culpado a sus predecesores de los problemas heredados, aunque en algún momento los electores no aceptarán más esa postura.
“Cómo congeniar esta visión ‘humanista’ y ‘progresista’ del presidente y su gobierno con una realidad innegable y una necesidad innegable de contener la violencia tanto de los grupos de narcotráfico como la violencia delincuencial ordinaria”, señaló Erubiel Tirado, coordinador del programa de seguridad nacional, democracia y derechos humanos en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México.
El elemento más visible de una estrategia de seguridad en el gobierno de López Obrador, aunque no es una estrategia en sí, fue la creación de la Guardia Nacional. Se supone que la nueva fuerza cubriría el vacío creado por la disolución de fuerzas policiales corruptas y superadas por el hampa en el país, y también serviría hasta cierto punto para reducir la utilización de soldados en labores policiales.
Sin embargo, una gran parte de la guardia fue canalizada de inmediato a acciones policiales contra inmigrantes debido a exigencias de Estados Unidos.
“No son una fuerza policial profesionalizada, capacitada para efectuar labores de investigación, vigilancia, inteligencia, y que cuente con equipos especiales para realizar operaciones de arresto en una mejor manera, no mediante la confrontación en las calles”, dijo Tony Payán, director del Centro para Estados Unidos y México en el Instituto Baker para Políticas Públicas en la Universidad Rice en Houston.
También se desconoce cómo encajará la Guardia Nacional en los programas sociales que López Obrador asegura atacarán de raíz las causas de la delincuencia en México.
“No parece haber algún tipo de pensamiento holístico o integrado sobre cómo vincular los programas para la prevención de la violencia, que tanto menciona el gobierno, con el verdadero combate al crimen organizado”, dijo Duncan Wood, director del Instituto México del Wilson Center.
López Obrador habla poco del fortalecimiento del sistema de justicia de México, un componente crucial para contener los problemas de seguridad en el país.
La falta de una estrategia clara no sólo preocupa a los mexicanos, sino también a sus vecinos del norte.
En octubre, Payán se reunió con personal de la embajada estadounidense en la Ciudad de México, que le expresó preocupación.
“Ellos dijeron con claridad que están a la espera de que el gobierno (de López Obrador) tenga una estrategia clara y les comunique lo que pretende hacer y cómo hacerlo”, declaró Payán.
Estados Unidos ha tenido diversos niveles de cooperación con los gobiernos previos en México en la lucha contra el narcotráfico, pero ha tenido dificultades para encontrar los canales de esa cooperación en el gobierno de López Obrador.
“A partir de mis conversaciones me parece que el gobierno de López Obrador considera a estas agencias estadounidenses como parte de una guerra contra el narcotráfico que él desea dejar atrás”, declaró Payán.
En el caso de Ovidio Guzmán, Estados Unidos ha solicitado su captura con fines de extradición.
López Obrador, en respuesta a conjeturas de que el gobierno estadounidense había apremiado a México para que efectuara la operación, dijo tajante el jueves que “nosotros no recibimos órdenes de Washington”.
Wood, del Centro Wilson, puso en duda que ésta sea la última vez que México persiga a un jefe narcotraficante en el gobierno de López Obrador, porque Estados Unidos no cejará en sus exigencias.
“Hubo una enorme decepción entre la gente en el Congreso y el Departamento de Estado, y de los servicios de inteligencia por el mal manejo del operativo en Culiacán”, dijo Wood.
“Ahora, la pregunta es, ¿la próxima vez que capturen a un objetivo de alto valor, que harán si enfrentan la misma situación? ¿Van a echarse para atrás o van a jugársela?”, preguntó.

La prohibición de fumar en todos los bares y restaurantes cerrados entró hoy en vigor en Austria con años de retraso respecto a otros países de la Unión Europea (UE).
La nueva norma, aprobada el pasado julio con la única oposición de la formación ultraderechista FPÖ, acaba con años de controversia en torno a la prohibición de fumar en locales cerrados en la república alpina.
Austria es el séptimo país de la UE con mayor proporción de fumadores con casi el 24 % de la población adulta, muy por encima de la media comunitaria del 18 %.
El FPÖ condicionó su entrada en 2017 en un gobierno de coalición con el conservador Partido Popular (ÖVP) a que retirase la ley antitabaco aprobada ya por el Parlamento y que iba a entrar en vigor pocos meses más tarde.
La decisión fue criticada por asociaciones médicas y se lanzó una recogida de firmas para que se debatiera en el Parlamento una prohibición que fue respaldada por 900.000 personas en un país de 8,8 millones.
Tras la caída de la coalición derechista entre el ÖVP y el FPÖ el pasado mayo, el Parlamento aprobó en julio la normativa antitabaco que entró hoy en vigor.
Hasta ahora fumar era legal en bares y restaurantes de más de 50 metros cuadrados que tuvieran un área aislada para ello, aunque en muchas ocasiones la aplicación de esa separación física era poco estricta.
Numerosos locales decidieron por su cuenta prohibir fumar en sus establecimientos, especialmente los más turísticos.
La nueva normativa permite fumar en terrazas y otros espacios abiertos de los locales.
Algunos empresarios del sector de la hostelería consideran negativa la ley porque limita la libertad de los clientes.

MKRdezign

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